Desde finales del año pasado, han circulado diversas versiones respecto a mi participación en Banxol de México, S.A. de C.V. Algunas de estas informaciones han sido inexactas y otras claramente malintencionadas. Por este motivo, he decidido compartir este comunicado para aclarar de manera puntual y transparente los hechos relacionados con mi vinculación con la empresa, las decisiones tomadas durante mi gestión y el contexto en el que se desarrollaron.
Banxol de México, S.A. de C.V. se constituyó en julio de 2009. En sus inicios, ofrecía servicios de pago con tarjeta de crédito y desarrollo de páginas web. A lo largo de sus 15 años de operación (2009-2024), la empresa atendió a más de mil quinientos comercios de distintos sectores. Su portafolio creció para incluir servicios como la recepción de pagos en tiendas de conveniencia y desarrollos tecnológicos especializados para áreas de ingresos y tesorería. Durante este tiempo, operó con normalidad, enfrentando los retos comunes de toda empresa emergente, pero siempre buscando soluciones para sus clientes y colaboradores.
Mi vínculo con Banxol comenzó en 2011, cuando buscaba una solución de pagos para un proyecto social destinado a fomentar donativos a diversas ONG’s. Elegimos Banxol por su trato personalizado y flexibilidad operativa. En 2014, al fundar mi propio despacho de abogados, Banxol se convirtió en uno de nuestros primeros clientes. En ese entonces, la empresa contaba con un abogado corporativo interno y nos encomendaron tareas específicas: estructuración de contratos, negociación y acompañamiento con clientes.
En 2016, debido a conflictos internos entre accionistas, me solicitaron asumir un rol más relevante. Me dediqué entonces a comprender a profundidad el negocio, identificar riesgos y proponer la implementación de controles operativos y de gobernanza que no existían hasta ese momento. Entre las recomendaciones presentadas al Consejo estuvieron: crear una estrategia de gobierno de infraestructura tecnológica, mejorar los controles de conciliación y tesorería, separar personal que obstaculizaba la implementación de sistemas de gestión, auditar operaciones, implementar un ERP y capitalizar la empresa urgentemente para evitar una situación de insolvencia.
Las recomendaciones derivaron en la contratación de consultores financieros y el inicio de una ronda de inversión. A fines de 2018, se concretó un acuerdo con un grupo estratégico inversionista, quienes me solicitaron incorporarme de tiempo completo a la operación. De 2019 a 2021, este grupo tuvo el control mediante un instrumento privado y un Comité Directivo que reportaba directamente a los accionistas.
Durante una auditoría, se identificó un pasivo no reportado, generado entre 2009 y 2015, por más de 25 millones de pesos. Se solicitó al Consejo de ese periodo que indemnizara a la sociedad, pero ante la negativa, se fracturó la relación entre grupos de interés. Se tomó entonces la decisión de vender la empresa.
Las primeras negociaciones para la venta fracasaron, principalmente por la composición del capital social y la falta de acuerdo entre accionistas. En ese contexto, propuse tomar el control corporativo para facilitar la venta, reestructurar la operación, reducir pasivos y rentabilizar la empresa. En el tercer trimestre de 2021, se acordó esta transición. Me presenté con acreedores, compartí información cuando fue requerida y se seleccionó al despacho de M&A encargado del proceso.
Durante 2022 y 2023, se logró reducir de 150 a 50 acreedores, revertir años de pérdidas y cerrar 2023 con una carta de intención de compra. Todo esto se hizo manteniendo comunicación constante con clientes, proveedores y acreedores. En febrero de 2024, se concretó la venta y en abril se formalizó el cambio de órgano de gobierno. Mi salida fue planeada de forma paulatina, entregando el liderazgo al nuevo Presidente del Consejo y principal accionista.
Pese a los acuerdos establecidos, el comprador incumplió compromisos: no realizó aportaciones de capital, dejó de pagar a acreedores, proveedores, empleados y clientes. Estas omisiones me obligaron a renunciar antes de lo previsto. Miembros del Consejo y Comités también renunciaron ante la falta de comunicación del nuevo Presidente del Consejo. Las renuncias fueron presentadas ante fedatario público en agosto de 2024.
En septiembre, recibí llamadas de varios colaboradores que no habían recibido su salario ni obtenían respuesta alguna. Esta falta de liderazgo llevó a la caída de la plataforma ese mismo mes, lo que agravó la situación. Los principales clientes, con más de una década de relación comercial, se perdieron.
Desde octubre, he intentado comunicarme con los compradores sin éxito. Ante esta situación y la falta de interés en resolver los problemas causados, he emprendido acciones legales de carácter civil contra Banxol, su principal accionista y su Presidente del Consejo.
Durante mi participación en Banxol, mi intención fue siempre resolver la situación heredada por la administración anterior, brindando soluciones responsables a clientes y colaboradores, promoviendo orden y transparencia en la operación, y generando las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de la empresa.
Lamentablemente, a raíz del incumplimiento de la nueva administración y la falta de información oficial hacia clientes y proveedores, he sido víctima de diversos actos de molestia y de delitos como extorsiones, amenazas y acoso. Ante estos hechos, he interpuesto las denuncias correspondientes y he iniciado acciones civiles y penales con el objetivo de proteger mi integridad y esclarecer los hechos.
Actualmente, mantengo diálogo con varios acreedores con el objetivo de encontrar soluciones que nos permitan recuperar lo que nos corresponde. La colaboración ha sido positiva con algunos, aunque con otros aún no se concreta. Desde septiembre de 2023, ofrecí mi colaboración a la CNBV por escrito, de lo cual tengo acuse de recibo, pero no he recibido respuesta a la fecha.
Entre el 27 de agosto y los primeros días de septiembre de 2024, se publicaron notas en medios como El Economista, EL CEO, y columnas de Darío Celis y Mario Maldonado. Estas publicaciones contienen tres señalamientos que deseo aclarar:
Primero, se me acusó de ser propietario de Banxol. Dejé de ser accionista de Banxol desde el 22 de febrero de 2024 mediante un documento privado vinculante. Esta venta fue ratificada en la Asamblea de Accionistas celebrada en abril de 2024 ante Notario Público, donde también se formalizó el cambio del órgano de gobierno.
Segundo, se mencionó que la CNBV impuso multas por malas prácticas. La CNBV impuso una sanción a Banxol en 2019 por incumplimientos relacionados con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Sin embargo, esta sanción fue impugnada y, según mis registros, fue declarada improcedente el 28 de abril de 2023 por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, mediante resolución del Magistrado Héctor Espinosa Castellano en el expediente 1242/23-EAR-01-12.
Tercero, se hizo referencia a quejas de usuarios desde 2015. En ese año, no formaba parte de la administración.
Ratifico mi compromiso con colaborar con las autoridades y con cualquier persona afectada por esta situación. Para cualquier duda, comentario o inquietud, pongo a disposición el siguiente correo electrónico: dudas.fbelgodere@gmail.com.
Espero que esta explicación sirva para dejar claro lo que viví, lo que intenté hacer y lo que, hasta el día de hoy, sigo enfrentando con la frente en alto. Estoy convencido de que incluso las experiencias más difíciles tienen un sentido y nos obligan a ser mejores personas y profesionales. Confío en que el tiempo y los hechos pondrán cada cosa en su lugar.
Con respeto y apertura,
Francisco Javier Belgodere Hernández
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